Los comunicados emitidos por el Ministerio de Educación en los meses de abril y mayo exhortan a un desmedido aumento de las tasas de matriculación en las universidades españolas. En algunos casos, de hasta 660 euros. Semejante tropelía no ha pasado inadvertida, y es que no es para menos
Ya se habían producido numerosos recortes en los presupuestos destinados a investigación y proyectos universitarios, que ya de por sí fueron dañinos y perjudiciales para el desarrollo de la educación del alumnado; pero estas últimas medidas no son sólo injustificables sino del todo intolerables.
¿Qué se pretende solucionar con dichos "ajustes"? Cualquier Estado que presuma de ser medianamente "moderno", o simplemente se autoproclame "del bienestar", debe contar con dos pilares básicos de los que no se deben [deberían] retirar fondos: Sanidad y Educación. Dejando a un lado la lamentable situación de la primera, la segunda se acerca a tesituras similares. Más que nada, por la sencilla razón de que el progreso de cualquier país se encuentra en sus jóvenes; jóvenes que, en el caso de España, y con estos desproporcionados atropellos, no podrán permitirse el continuar su carrera, si dicho aumento de tasas acaba por ser aprobado.
¿Qué alternativa nos queda, entonces? En principio, tres: dos legales (renunciar a cursar la carrera por la que tanto nos hemos esforzado en conseguir, y dedicar nuestros esfuerzos a otros estudios más asequibles aunque menos acordes con nuestras inquietudes; o, sencillamente, emigrar a otro país para probar suerte en un ámbito estatal diferente, más respetuoso para con el ámbito educativo), y una "ilegal" (derrocar -de forma pacífica- al Gobierno, y que cada cual sea libre de asumir control y responsabilidad sobre sí mismo).
En cualquier caso, hay algo que podemos [y debemos] hacer, y que no nos podrán quitar: no contribuir de forma alguna con este sistema que no hace otra cosa que condenarse a sí mismo
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